En los municipios antioqueños de Remedios y Segovia se encuentra la Zona Veredal Juan Carlos Castañeda de la vereda Carrizal. Ernesto Pinzón, líder social de la región, asegura que esta comunidad apoya la implementación del Acuerdo de Paz, pero reclama que no se persiga la minería informal, su principal actividad económica, que haya una verdadera inversión social, que se erradique el paramilitarismo y que no se instalen las vicealcaldías propuestas por el gobernador de Antioquia.
Por Natalia Maya Llano
Fotografías: Agencia de Prensa del IPC
El 1 de agosto inicia una etapa crucial dentro del calendario de implementación del Acuerdo de Paz: las Zonas y Puntos Veredales se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) empezarán a funcionar en 16 subregiones y 170 municipios afectados por el conflicto armado en todo el país.
De acuerdo con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación servirán para continuar el tránsito de los integrantes de las Farc a legalidad, preparar su reincorporación comunitaria a la vida civil, construir proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica, tanto de los excombatientes como de las comunidades aledañas.
Mientras que los PDET, según el Decreto 893 del 27 de mayo de 2017, firmado por el presidente Juan Manuel Santos, serán los instrumentos de planificación y gestión para implementar la Reforma Rural Integral (RRI) en 170 municipios declarados como prioritarios en el posconflicto, por ser los más afectados durante la guerra y por tener mayor presencia de cultivos ilícitos, mayores índices de pobreza y menor desempeño institucional.
En Antioquia se priorizaron 24 municipios, de los cuales 13 pertenecen al Bajo Cauca y al Nordeste. Dos de ellos son Remedios y Segovia, donde se encuentra ubicada la Zona Veredal Juan Carlos Castañeda de la vereda Carrizal.
Esta Zona Veredal, que agrupa a cerca de 300 excombatientes del Bloque Magdalena Medio de las Farc, ha sido noticia en varias oportunidades, incluso desde su construcción, pues las obras de adecuación comenzaron pese a que la Gobernación de Antioquia le envió una petición al Gobierno nacional para que fuera trasladada a otra zona cercana conocida como Cancha de Manila, debido a las dificultades logísticas, para la electrificación y el suministro de agua potable.
Durante este año la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) –que tiene presencia en Segovia y Remedios desde hace más de una década–, ha denunciado a través de varias alertas tempranas los hostigamientos y violaciones a los derechos humanos en el área de influencia de la Zona Veredal de Carrizal: la presencia de paramilitares, las amenazas a defensores de derechos humanos, el desplazamiento forzado de un líder social, el operativo que realizó la Fuerza Pública en marzo de este año contra la minería informal en las veredas Lejanías y Ojos Claros de Remedios, el posterior bloqueo de la vía de acceso a Carrizal como rechazo de los mineros y campesinos frente a dicho operativo, y la quema en mayo de un negocio en el caserío Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve por parte de paramilitares.
Hacemos Memoria habló con Ernesto Pinzón, integrante de Cahucopana, quien expresó cuáles son las inquietudes, preocupaciones y expectativas de las comunidades de Segovia y Remedios frente a la etapa de la implementación del Acuerdo Final que comienza en agosto, y cómo se están preparando para que la paz territorial sí pase por todas las veredas, corregimientos y los cascos urbanos de ambos municipios.
¿Qué ha hecho Cahucopana frente al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc?
Desde su surgimiento en la vereda Lejanías de Remedios, hace 13 años, precisamente para denunciar la crisis humanitaria que atravesaba la zona a raíz de las políticas de seguridad democrática, la Corporación se ha dedicado a defender y promover los derechos humanos así como la permanencia en los territorios. A finales de 2012, a partir del anuncio del presidente Santos sobre el inicio de los diálogos con la guerrilla de las Farc, Cahucopana integró dentro de sus líneas de trabajo la de paz. Es así como empezamos a pensarnos con las comunidades qué es eso de la paz territorial y emprendimos acciones concretas de apoyo al proceso.
En 2015 fuimos veedores, junto con la Redunipaz, tanto del cese al fuego unilateral decretado por las Farc, como del cese bilateral que se dio posteriormente. Y hemos hecho un trabajo constante de pedagogía de paz con justicia social en torno al Acuerdo, con el propósito de que las comunidades, la población civil, es decir, el tercer actor del proceso, se apropien de lo pactado.
Y puntualmente, desde que supimos que en los límites de Segovia y de Remedios se ubicaría una zona veredal en Carrizal, conformamos el Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, que hoy está integrado por todas las expresiones organizativas de la región: las juntas de acción comunal, los comités mineros, los grupos de mujeres, entre otros, para denunciar las vulneraciones a los derechos humanos que se presenten y para hacer veeduría de la implementación.
¿Qué está pasando hoy en los territorios de influencia de la Zona Veredal de Carrizal?
En nuestra zona hay muchos campesinos pero la gran mayoría de la población es minera. El año pasado, cuando se conoció que una zona veredal quedaría ubicada en Carrizal, las comunidades le enviaron un pliego de exigencias al Gobierno y a las Farc, en el que manifestaban su apoyo al Acuerdo de Paz pero también les pedían que la implementación no perjudicara la economía de la región, es decir, la minería, y que, en su lugar, se desarrollaran planes y programas para formalizar la pequeña minería; que se garantizara la seguridad de la zona, antes proporcionada por las Farc, y que se llevara una verdadera paz al territorio, es decir, que se hiciera una inversión social que los sacara del abandono histórico al que habían estado sometidos, supliendo las necesidades básicas de los habitantes, llevando electricidad, agua potable, construyendo carreteras, escuelas, puestos de salud, entre otros.
Pero hasta ahora el pliego no ha sido tenido en cuenta. Todo lo contrario. A principios de marzo hombres del Ejército, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo contra la minería informal en la vereda Lejanías, a tan solo 50 minutos de la Zona Veredal de Carrizal, quemaron dragas, retroexcavadoras y capturaron a algunos mineros de la región. Frente a este hecho la comunidad se preguntó de qué paz estaba hablando el Gobierno y para manifestar su rechazo hicieron un plantón y bloquearon la vía de acceso a Carrizal. No hubo respuesta a nivel nacional ni departamental y desde entonces los habitantes de la región nos encontramos en asamblea permanente, evaluando qué hacer frente a estos operativos y cómo exigir que escuchen nuestras exigencias para que haya una verdadera paz territorial que incluya a la población minera.
Y ni hablar de lo grande que le quedó el territorio al Gobierno. Los paramilitares están rondando la zona desde el corregimiento de Puerto López, del Bagre, que queda a cuatro horas de Carrizal, están contactando a los líderes sociales, diciéndoles que no les harán nada pero ya uno de ellos tuvo que desplazarse. En mayo quemaron un negocio en el caserío Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve. Además, no sabemos si el Eln respetará el Acuerdo después del 1 de agosto que cambie la figura, cuando a las zonas veredales puedan entrar las comunidades y hasta la Policía; y hoy en día se están presentando problemáticas que antes no se veían: robos, peleas, consumo de sustancias psicoactivas y hasta violaciones. No queremos ser pesimistas pero sí nos preocupan estas situaciones que ponen en riesgo la paz que tanto han esperado las comunidades.
¿Cómo le están haciendo frente a estas situaciones?
Las comunidades están diciendo que “la paz pasó por Carrizal y no se vio”; sin embargo, no perdemos la esperanza. Cahucopana continúa en asamblea permanente, evaluando los peligros para la paz y para las comunidades en el territorio, exigiendo respuestas de la institucionalidad y fomentando nuestros mecanismos comunitarios de autoprotección, que funcionan desde hace muchos años y que todavía tienen vigencia: las alertas tempranas, los campamentos de refugio humanitario y las acciones humanitarias, para acompañar y proteger a las comunidades. Y finalmente estamos constituyéndonos como veedores ciudadanos desde los territorios, para exigir que se cumpla lo pactado y movilizarnos en caso de que no se dé.
¿Cómo se están preparando las comunidades de Segovia y Remedios para esta etapa de la implementación del Acuerdo Final?
Las comunidades rurales tienen que ser partícipes de la implementación. Partiendo de esta premisa hemos motivado la creación de comités frente a cada uno de los puntos del Acuerdo Final.
En el Nordeste Antioqueño se han venido creando los comités de tierras y fomentando los planes de vida. Estos comités tienen el propósito de que en cada vereda sean las mismas comunidades las encargadas de hacer los censos y los balances de quiénes tienen tierras, cuántas hay en cada territorio, qué familias no poseen, cuántas deben formalizarse, con el ánimo de que cuando arranque la Reforma Rural Integral, esta información exista de primera mano y el gobierno y todo el aparataje institucional cuente con ella para lograr una implementación desde abajo, y evitar que ocurra como con el proceso de Justicia y Paz, que de aquí a cinco años no nos enteremos que unos terratenientes contrataron a unos testaferros o les pagaron a unas familias para hacerse las víctimas y quedarse con las tierras. Los planes de vida integrarán las propuestas de las comunidades en cuanto a los proyectos productivos que se sueñan y que deberán ser tenidos en cuenta en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Algo similar ocurre con el punto de participación en política. El Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño es una de las 16 subregiones priorizadas por los PDET y a su vez tendrá una de las 16 circunscripciones especiales de paz. Por esta razón, todas las expresiones organizativas de la región nos estamos pensando cómo será nuestra participación y cómo evitar que los caciques municipales o los líderes que tengan vínculos con los partidos tradicionales se apropien de dichas circunscripciones. Las víctimas también se están organizando en comités de la verdad y comités de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para que al momento de que estas instancias funcionen a nivel nacional y lleguen a los territorios, las comunidades estén preparadas para hacer su contribución y sean tenidas en cuenta.
Frente al acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas, si bien en Segovia y Remedios no hay cultivos de coca, porque la actividad productiva es netamente la minería, apoyamos la creación de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, y por nuestra cuenta nos estamos preparando para que en la implementación el Gobierno deje de criminalizar la minería y ofrezca soluciones que garanticen la paz en el territorio sin entorpecer esta actividad económica.
¿Qué opinan de las vicealcaldías propuestas por el gobernador Luis Pérez?
Las rechazamos rotundamente. Son inconstitucionales porque suplantarían la labor de los alcaldes municipales elegidos por voto popular y, adicionalmente, no representan ninguna garantía de paz y derechos humanos para las comunidades, por tratarse de altos militares retirados ejerciendo ese papel, coordinando temas de seguridad, salud, reincorporación, todo lo referido a la implementación del Acuerdo Final. Con esas medidas es imposible que se genere confianza con la institucionalidad, esperamos realmente que esa propuesta no prospere. En su lugar exigimos que se aborde la problemática de la minería, que se erradique el paramilitarismo, que se pacte un cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, guerrilla que también hace presencia en la zona, y, lo más importante, que existan unas verdaderas garantías de no repetición, de lo contrario no podremos hablar de una paz estable y duradera para el país.
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