Erradicar el paramilitarismo, una labor de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Erradicar el paramilitarismo, una labor de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que quedó pactada en el numeral 3.4 del Acuerdo Final firmado en La Habana, está funcionando desde el mes de marzo y ya presentó los primeros resultados: la creación de un grupo élite de Policía y una unidad de investigación en la Fiscalía. Además, se espera que esta Comisión reforme el Sistema de Alertas Tempranas y proponga un pacto político para acabar con el uso de las armas.

Por Esteban Tavera

El 22 de marzo se instaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue creada a través del Decreto 154 de febrero de 2017. La creación de este organismo fue pactada entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, y su objetivo es la formulación de planes de trabajo que permitan brindar garantías de seguridad para los guerrilleros que están en proceso de desmovilización y para los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales de todo el país.

Esta comisión se reúne una vez al mes; hasta el momento, ha conformado un grupo élite de la Policía Nacional, conformado por 1088 uniformados, que se encargará, principalmente, de garantizar la seguridad de las zonas abandonadas por las Farc; además, dispuso la creación de una Unidad Especial de la Fiscalía General de Nación, que asumirá la investigación de los asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

La Comisión la encabeza el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Justicia, Jorge Londoño; y de Defensa, Luis Carlos Villegas. También la integran el Comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía; el Director General de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto; el Defensor del Pueblo, Carlos Negret; el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el Procurador, Fernando Carrillo; tres expertos y dos representantes de la sociedad civil.

Franklin Castañeda, representante de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, una plataforma de Derechos Humanos que reúne a 269 organizaciones sociales de todo el país, es uno de los dos delegados de la sociedad civil en esta Comisión. En esta entrevista nos cuenta sobre los avaneces y los retos que tendrá la Comisión Nacional de Garantías en la lucha contra los grupos paramilitares, la principal amenaza que enfrentan los líderes sociales y los excombatientes de las Farc en proceso de reintegración.

¿Cómo llegó usted a formar parte de la Comisión Nacional de Garantías?
Soy defensor de Derechos Humanos desde el año 2000. Ahora, soy el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y hago parte de la Coordinación Colombia –Europa – Estados Unidos, una plataforma que reúne a 269 organizaciones sociales de Derechos Humanos en todo el país, y que –como se dispuso en el Acuerdo Final firmado en La Habana– tiene representación en la Comisión Nacional de Garantías.

Otras tres organizaciones fueron habilitadas para participar en este Comité: la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Techo Común y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Finalmente, Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas y yo fuimos elegidos para representar a la sociedad civil en esta instancia.

Esta Comisión tiene la tarea de formular planes de trabajo para combatir a los grupos criminales sucesores del paramilitarismo, ¿cuál cree usted que es el principal reto que tiene la Comisión?
Nuestra principal misión es desarticular las relaciones que hay entre los grupos criminales sucesores del paramilitarismo con las élites locales y las instituciones del Estado. Una cosa es tener bandas criminales, pero otra es tener un Estado que promueve esas bandas, un Estado que cierra los ojos frente a la acción de ciertos grupos criminales y que se favorece de ese accionar. Esa es la relación que tenemos que romper, de tal manera que podamos efectivamente confrontar a los grupos criminales. Hoy no tenemos esa posibilidad porque el Estado todavía no es independiente de esos grupos.

¿Cuáles son las tareas que le impuso el Acuerdo de Paz a esta Comisión?
La Comisión tiene 15 tareas que debe cumplir para brindar garantías a los guerrilleros de las Farc en proceso de desmovilización. Estas funciones se pueden resumir en dos: la primera, pretende diseñar un plan de trabajo para el desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo; la segunda, le hace un seguimiento a una política de rendición de cuentas sobre la ejecución de ese plan.
Las otras trece son accesorias, son las cosas que deben llevar a ese plan; por ejemplo, diseñar un modelo de sometimiento a la justicia para estos grupos criminales, entre otras.

¿Qué ha logrado la Comisión desde su implementación, el pasado 22 de marzo?
La primera medida que se tomó fue la creación de un cuerpo élite de policía integrado por 1.088 hombres: 150 conforman una unidad de reacción inmediata y 120 se encargan de las investigaciones, los demás cumplirán diferentes tareas en las zonas que dejó las Farc. Esta fuerza tendrá un componente fuerte de inteligencia y de operación en territorio. Además, tendrá una acción prioritaria en las zonas que dejaron los guerrilleros de las Farc, particularmente en dos municipios donde se realizarán planes piloto: Buenaventura y Tumaco; allí, el Estado debe poner a prueba un nuevo modelo de lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

También se creó una Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía que perseguirá a los grupos armados y desarticulará las relaciones entre esos grupos y los miembros del Estado.

¿La Comisión tomará otras medidas a corto o mediano plazo?
Vamos a reformar al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que es el sistema que debe emitir informes de riesgo a las autoridades. En necesario reformar este organismo, porque desde que fue modificado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), no puede emitir alertas, solo presenta unos informes y son las autoridades las que definen si se emite o no una alerta. Con eso mataron el espíritu del Sistema, porque los informes son reservados mientras que las alertas son públicas.

Hay otra medida muy importante. Se trata de un pacto entre organizaciones sociales y políticas para evitar el uso de la violencia en la lucha política. Este pacto no se ha implementado porque hay que esperar a que las Farc se conformen como partido político.

¿Cómo están conformados hoy esos grupos paramilitares que atentan contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos?
Lo que pasa es que en Colombia nos quedamos con la última imagen del paramilitarismo, esa que veíamos con la existencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entonces, cuando hablan de paramilitares la gente se imagina a Carlos Castaño hablándole a miles de hombres armados y uniformados. Pero el paramilitarismo no es solo así.

Las AUC eran una federación que operaba con pequeños grupos regados en por todo el país, pero luego del proceso de negociación con el Estado, entre 2003 y 2005, el paramilitarismo comenzó a transformarse a la par que se transformó la lucha de las guerrillas.
Actualmente, este tipo de estructuras tienen que asegurar una dinámica de control social, político y económico en las zonas donde hacen presencia, pero eso no lo logran en medio de un conflicto con otro actor armado. Ahora el paramilitarismo no necesita ser visible ni estar uniformado.

Por esta razón, en casi toda la Costa Caribe colombiana, por ejemplo, hay pequeños grupos que se afianzan políticamente en el territorio a través del amedrentamiento a sus disidentes y a los líderes sociales.

También hay grupos medianos que están presentes en las zonas rurales, y que mezclan el negocio del microtráfico con la minería ilegal y la producción de coca en la zona. Estos grupos responden a unas élites políticas: grandes terratenientes que garantizan la seguridad de estas organizaciones criminales y de sus negocios.
Hay estructuras más grandes, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, que se mueven en zonas donde se confrontan militarmente con el Eln. Ese es el paramilitarismo que más se parece al de la época de los Castaño, cuando estos grupos funcionaban muy de la mano con la fuerza pública.

¿Estos grupos tienen algún tipo de relación?
Estos grupos tienen una alta capacidad de actuar en red. Si quieren atentar contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, buscan a las bandas pequeñas que actúan en cada territorio, esas que son vistas como simples grupos de pillos.

Para el Estado, solo se trata de un grupo grande de narcos: el Clan del Golfo. Pero cada vez estoy más convencido de que estos grupos tienen una capacidad de actuar bajo los mismos intereses. Ese accionar en red resulta exitoso, porque pasan desapercibidos y pueden actuar efectivamente en contra de los líderes sociales.

¿Ha sido necesaria la intervención de la Comisión en casos concretos?
Así es. El pasado 1 de julio, un grupo de 20 paramilitares identificados como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” se tomó la cabecera de Puerto López, corregimiento de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Integrantes de esta comunidad se contactaron con la Comisión y de inmediato le avisamos al Cuerpo Élite de la Policía que, en apariencia, actuó de forma efectiva.

Lo importante es que a una población que no tenía presencia de autoridad llegara el cuerpo de Policía creado por esta Comisión. Nos toca garantizar que esa autoridad proteja a la comunidad y que no termine corrompida por esos grupos paramilitares como ha sucedido antes.

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