Que no los maten ni los estigmaticen: retos en la reincorporación de las Farc

Que no los maten ni los estigmaticen: retos en la reincorporación de las Farc

A diferencia de los anteriores procesos de reincorporación de población excombatiente acaecidos en Colombia, el de las Farc-Ep tendrá un enfoque esencialmente político, territorial y colectivo. A partir de las lecciones aprendidas, expertos en el tema señalan cuáles son los principales retos de esta reincorporación, entre los que se encuentran garantizar la seguridad jurídica y física de los hombres y mujeres que dejaron las armas, la reintegración económica para ellos y sus familias y la lucha contra la estigmatización.

Por Natalia Maya Llano
Fotografía de portada: Oficina de Comunicaciones del Alto Comisionado para la Paz

En los últimos 35 años se han firmado 12 pactos de paz en Colombia que han dejado grandes aprendizajes en materia de reincorporación a la vida civil de excombatientes.

Durante los años noventa, los 10 pactos de paz que se lograron con las guerrillas del M-19 y del EPL, con el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con los Comandos Ernesto Rojas (CER), con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), con el Frente Francisco Garnica (FFG), con la disidencia FBF del EPL, con las Milicias Populares de Medellín y con el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR-COAR), dejaron un balance de 5.500 excombatientes desmovilizados con una reincidencia baja en la mayoría de los casos, de 4% a 6%; solo con las milicias urbanas en Medellín y con el EPL en Urabá esta cifra osciló entre el 15% y el 20%, según Álvaro Villarraga, exmilitante del EPL y directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

A raíz de estos acuerdos se creó el Programa de Reintegración de Excombatientes (PPR) que funcionó desde 1990 hasta el 2002, y que, de acuerdo con Villarraga, “permitió la creación de un marco de garantías políticas y jurídicas, incentivó la conformación de partidos políticos de izquierda y se caracterizó por el cumplimiento parcial de lo pactado, por el éxito en materia de educación y formación laboral, por el fracaso de su modelo de reinserción económica individual microempresarial, por el escaso apoyo del sector privado y de la cooperación internacional y por una debilidad y corto alcance de mecanismos de veeduría”.

En cuanto a los acuerdos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2006, es difícil encontrar un consenso entre los expertos frente al éxito o fracaso de este proceso, empezando porque algunos no lo consideran un pacto de paz debido a que “el Estado y los paramilitares nunca estuvieron en guerra”. Sin embargo, sí señalan las lecciones aprendidas y cómo estos antecedentes podrán convertirse en una oportunidad para el actual proceso de reincorporación de las Farc-Ep.

Una de las críticas principales a este proceso es que de los cerca de 35.000 desmovilizados que se registraron, menos de 14.000 eran miembros de las AUC y, adicionalmente, más allá de desmontar los grupos armados no se atacaron las estructuras vertebrales del fenómeno paramilitar y sus alianzas, constituyendo una solución parcial al problema.

reincorporación“Lecciones aprendidas y retos de la reincorporación en Colombia”, evento organizado por la Mesa Voces de Paz, que se llevó a cabo el pasado 29 de junio en el Museo Casa de la Memoria.

Lo positivo de este “proceso gris”, señala Villarraga, es la institucionalidad que creó, es decir, los programas gubernamentales liderados por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) que, pese a sus dificultades históricas, contribuyeron a la reincorporación individual de los excombatientes a la vida civil, aunque con unos niveles de reincidencia mucho más altos que los de las guerrillas, del 20%. “La expedición de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 1424 de 2010, que promueve la reintegración de los desmovilizados de las AUC que no fueron cobijados por la Ley de Justicia y Paz, muestran esa zona gris de un trabajo a medias con la reincorporación paramilitar, debido a que no se enfrentó el problema de fondo: ni se atacaron las economías ilegales del narcotráfico, ni hubo depuración en el Estado y en la fuerza pública”.

Luz María Londoño, psicóloga e investigadora social en temas de conflicto armado y desmovilización, especialmente de mujeres excombatientes, señala que son cinco las falencias del proceso con las AUC que podrán convertirse en oportunidades para la reincorporación a la vida civil de las Farc-Ep:

“La primera es la perspectiva individualizante que subvalora la importancia que para los procesos de reincorporación de excombatientes tienen la familia, la comunidad y la organización armada de dónde provienen, desfavoreciendo así procesos de articulación y afiliación que contribuyan al empoderamiento económico, social y político de quienes dejan las armas. La segunda es el fuerte sesgo urbano de estos procesos, que comporta una carga de dificultad adicional para las personas de origen campesino o semi rural. La tercera es la concepción despolitizante del proceso de reincorporación, que, diseñado para hacer del pasado un error, termina negando el carácter político de quienes dejan las armas. La cuarta es su concepción marcadamente asistencialista, donde la población excombatiente es considerada como beneficiaria de los programas más que sujetos de derecho. Y la quinta es la insuficiencia de los procesos de atención psicosocial, que no facilita la elaboración de las experiencias vividas por las y los excombatientes en la guerra y desconoce la doble condición de combatientes y víctimas de muchos de los hombres y mujeres que han hecho parte de los grupos armados”.

Según el Acuerdo Final firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep, la reincorporación de esta guerrilla a la vida civil será en materia económica, social y política, “de acuerdo con sus intereses”. En este sentido, se propone un proceso radicalmente diferente al de los paramilitares, primero por su énfasis político orientado a la constitución de las Farc-Ep como un partido o movimiento legal, segundo por su enfoque diferencial y tercero por su carácter colectivo y comunitario, dirigido al fortalecimiento del tejido social en los territorios.

El punto tres del Acuerdo de Paz, Fin del Conflicto, establece, además de la reincorporación política de los excombatientes de las Farc-Ep, la reincorporación económica y social, que incluye: la identificación de las necesidades del proceso a través de un censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia; la constitución de una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN), a la que podrán afiliarse voluntariamente los miembros de las Farc-Ep; la creación del Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), integrado por dos miembros del Gobierno y dos de las Farc-Ep, con la función de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación; la financiación de un centro de pensamiento y formación política, como institución sin ánimo de lucro; y las garantías para una reincorporación económica y social sostenible, es decir, el acceso a una renta básica, a una asignación única de normalización y la afiliación a la seguridad social.

Los negociadores de las Farc-Ep estaban tan interesados en que su reincorporación a la vida civil se diferenciara de la de los paramilitares, que se negaron a que la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) fuera la entidad encargada de liderar dicho proceso. A raíz de esta petición, el presidente Juan Manuel Santos expidió el pasado 29 de mayo de 2017 el decreto ley 897, en el que “se establece el cambio de denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), fortaleciendo de esta manera su institucionalidad y pasando a ser la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”.

Pablo Andrés Serna, coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en Medellín y el Valle de Aburrá (antes ACR), asegura que las Farc-Ep no quisieron que una institución como la ACR atendiera su proceso de reincorporación “por considerarnos el brazo contrainsurgente del Estado, por atender a sus desertores y a sus enemigos, los paramilitares. Sin embargo, nosotros intentamos mostrarles los resultados positivos de 14 años de trabajo y, afortunadamente con la atención que le estamos brindando a los indultados y amnistiados, nos ganamos su confianza. Aunque ya no somos ACR, lideraremos buena parte del proceso de reincorporación a la vida civil de esta guerrilla”.

Desde su experiencia de trabajo durante más de 14 años con hombres y mujeres excombatientes, Serna afirma que los principales retos del proceso de reincorporación a la vida civil de las Farc-Ep serán: “garantizar la seguridad jurídica y física de los excombatientes. En los años que llevo trabajando en la ACR, solo en Medellín han asesinado a más de 500 desmovilizados de las AUC, eso en cualquier otra parte del mundo sería una crisis humanitaria tremenda, pero acá no nos importa mucho porque son eso, “desmovilizados”, y aquí viene otro gran reto: la estigmatización y la discriminación de la que son víctimas estas personas. En encuestas realizadas en Medellín la mayoría de las personas responde que prefieren tener de vecino a un narcotraficante que a un desmovilizado. Otro asunto que será complejo es lograr el éxito de los procesos productivos asociativos, que en las experiencias anteriores ha fracasado rotundamente, 98% de estos proyectos no funcionan. Y finalmente será una gran tarea el fortalecimiento institucional, para no permitir que los territorios dejados por las Farc-Ep sean copados por otros grupos armados ilegales y para cerrar la puerta giratoria que recicla el conflicto en Colombia, y en este aspecto la sociedad en general jugará un papel crucial”.

En este video Pablo Andrés Serna, coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en Medellín y el Valle de Aburrá; Álvaro Villarraga, directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica; y  Luz María Londoño, psicóloga e investigadora social, hablan de los desafíos del proceso de reincorporación a la vida civil de las Farc.

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