La Ley de Amnistía 1820, expedida en diciembre de 2016, ha permitido que 580 guerrilleros de las Farc recuperen su libertad en todo el país. En Medellín, los subversivos que siguen recluidos en los centros penitenciarios sienten temor. Al ser cada vez menos, los presos políticos puedan quedar en manos de los grupos paramilitares que ejercen control en las cárceles.

Por Esteban Tavera

Desde enero de este año, momento en que inició la aplicación de la Ley de Amnistía 1820, 580 guerrilleros de las Farc que se encontraban presos salieron de las cárceles del país. Unos están gozando de la libertad condicionada que ofrece la ley para quienes cometieron delitos asociados a la rebelión, y otros fueron trasladados a las Zonas Veredales de Transición, donde deben esperar la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según la Corporación Nelson Mandela, que acompaña el proceso de amnistía de los presos de las Farc en Medellín, de las cárceles de Antioquia, Chocó y Córdoba, es decir, de lo que el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario denomina como la Regional Noroeste, hasta el 2 de junio de este año, 110 guerrilleros de las Farc han salido en libertad y otros 90 han sido trasladados a la Zona Veredal de Mesetas, en el departamento del Meta.

En Medellín, según datos de la Personería, “de los centros penitenciarios Bellavista, Pedregal e Itagüí, han salido libres 100 guerrilleros y se espera que salgan 300 más”. Sin embargo, aclaran que estas cifras no son oficiales debido a que el Gobierno Nacional no ha aportado información precisa sobre los resultados de la aplicación de la Amnistía.

De acuerdo con la Ley 1820, expedida en diciembre de 2016, los integrantes de las Farc que para ese momento se encontraban alzados en armas y no enfrentaban un proceso penal, recibieron amnistía de iure, es decir, con reconocimiento legal inmediato. Para los guerrilleros que se encontraban privados de la libertad acusados o condenados de cometer delitos políticos –rebelión, sedición, asonada, conspiración y conexos–, la Ley dispuso que debían firmar un acta de compromiso con la cual asumieran las responsabilidades en materia de reparación a las víctimas y contribuciones a la verdad que quedaron estipuladas en el acuerdo de víctimas que se pactó La Habana.

Por su parte, los guerrilleros que cometieron delitos graves como violaciones al Derecho Internacional Humanitario o Crímenes de Lesa Humanidad, como lo dispone la Ley de Amnistía, serán trasladados a una Zona Veredal de Transición y Normalización, donde seguirán pagando su condena mientras se instala el Tribunal de Paz que los juzgará.

Hasta ahora, la Zona Veredal de la vereda Buena Vista del municipio de Mesetas, Meta, es la única que cuenta con espacios diseñados para alojar a los guerrilleros privados de la libertad que siguen bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Por esta razón, los directores de las cárceles Bellavista, Pedregal e Itagüí, conformaron un grupo especial de guardianes del Inpec encargados de trasladar a los guerrilleros beneficiados hasta esta Zona Veredal.

Los que se quedan
Tras la aplicación de la Ley de Amnistía, los guerrilleros que no han recibido ningún beneficio siguen privados de la libertad y temen por su seguridad. Este es el caso de los miembros de las Farc que fueron condenados por delitos comunes que no están relacionados con la rebelión. A ellos solo les queda esperar la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que sus casos sean estudiados.

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Según Verónica López, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización que ha defendido a personas privadas de la libertad por motivos políticos desde 1973, la seguridad de los subversivos en las prisiones siempre ha corrido por su propia cuenta. Por esta razón, en la mayoría de las cárceles del país existe un pasillo o pabellón en el que solo habitan los presos políticos y otras personas que no representan una amenaza para su integridad.

Según el Comité, los presos de las Farc que no han recibido ningún beneficio y los del Eln, para quienes aún no hay acuerdos firmados en materia de justicia, están quedando a merced de los grupos paramilitares que ejercen control en las cárceles.

“Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de presos políticos pertenecen a una organización guerrillera; por lo tanto, no se puede pensar que el antagonismo entre guerrilleros y paramilitares es una cuestión solo de convivencia. En la cárcel se replican las confrontaciones que hay afuera. Los presos no solo están en manos del Estado, su principal enemigo. La mayoría de los patios, al menos en Antioquia, están contralados por las Autodefensas Gaitanista de Colombia o por bandas asociadas al paramilitarismo”, señala Verónica.

Durante el 2017, en la cárcel Pedregal, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín, se presentaron dos agresiones que encendieron las alarmas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; para esta organización, los pocos guerrilleros que permanecen en las cárceles están en riesgo.

El primer ataque ocurrió el 6 de mayo. Ese día integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, retuvieron a dos guerrilleros de las Farc. Su objetivo era apoderarse del pabellón C, controlado hasta ese momento por los subversivos. La reacción de los demás presos políticos, quienes intentaron rescatar a los retenidos, según consta en un documento del 12 de mayo expedido por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dejó varios paramilitares heridos. “La confrontación dejó un saldo de 7 heridos, algunos de gravedad y otros detenidos en la Unidad de Tratamiento Especial”, establece el documento.

Tres semanas después, el pasado 26 de mayo, los Gaitanistas, aprovechando la desventaja numérica de los presos políticos, tomaron el control del pabellón C. Aunque no hubo heridos, 17 de los 19 subversivos que vivían allí, pidieron ser traslados, pues no quieren vivir bajo el control de esa estructura paramilitar.

Hernán David Osorio es miembro del Eln y está recluido en la cárcel de Pedregal. En una comunicación telefónica, dijo que para él es muy importante estar cerca de otros presos políticos, solo así puede garantizar su seguridad personal dentro de la prisión.

El hecho de que el Eln tenga como negociadores a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, liberados de la cárcel Bellavista con motivo de este proceso de paz, permite pensar que el tema carcelario se pondrá en discusión en la mesa de negociación.

“Estamos a la expectativa de lo que puedan hacer los negociadores en Quito por nosotros. Aquí no tenemos información sobre lo que pasa allá, pero hemos escuchado que existe la posibilidad de que nos concentren a todos en un mismo lugar, eso sería bueno; además, nos permitiría tener un lugar silencioso para estudiar. En cambio, aquí, bajo el mando de los ‘gaitanistas’, uno se siente incómodo”, asegura Osorio.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos también considera que es necesario reunir a los presos políticos en un mismo espacio. Según Verónica López, hay cárceles en donde el Inpec no puede garantizar la seguridad de los presos.

“Las directivas del Inpec saben que no están en capacidad de brindar garantías plenas de seguridad para todos los detenidos, pues el personal de guardia no es suficiente para controlar todo lo que pasa en la cotidianidad de la vida carcelaria. Por esta razón, en las cárceles están ‘los plumas’, quienes dominan los espacios; en la mayoría de los casos, son personas asociadas al paramilitarismo”, explica Verónica; además, el Comité sugiere que los guerrilleros que aún quedan en prisión sean concentrados en la cárcel Bellavista de Medellín, pues allí todavía se respetan los espacios ganados por los presos políticos.

Desde finales de la década de 1990, uno de los pasillos del patio 2 de Bellavista se destinó exclusivamente para alojar a las personas sindicadas de haber cometido delitos como rebelión, sedición, asonada o conspiración. El espacio era conocido como el ‘Pasillo Cuba’, pero en marzo del año pasado el patio fue desalojado, pues demolieron toda la estructura.

Ahora, los presos están concentrados en un pabellón del patio 16, separado del resto de la cárcel y destinado para la ejecución de diferentes programas de resocialización. Según Manuel Flórez Silva, director de la cárcel Bellavista, entre enero y mayo de este año, han salido 16 guerrilleros de esa cárcel, 12 están en libertad condicionada y 4 fueron trasladados a la Zona Veredal del municipio de Mesetas, Metas. Allí, todavía permaneces algo más de 33 insurgentes, cifra que permite garantizarles a los presos políticos un espacio seguro.

“En ese patio también hay un grupo de ‘gaitanistas’ –dice el director Manuel Flórez–, pero están distribuidos por celdas, esto evita los roces y las disputas por el control del territorio. Además, aquí estamos preparados para controlar con nuestro equipo antimotines cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia dentro del penal”.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también habló sobre estas disputas de poder al interior de las cárceles el pasado primero de junio, en la apertura del I Congreso Internacional Hacia la Construcción de una Nueva Política Penitenciaria en Colombia. Durante su intervención, Carrillo dijo que se debe acabar el control que ejercen las bandas delincuenciales dentro de las cárceles del país ya que este modelo penitenciario, en palabras de Carrillo, “victimiza a los presos”.

Por su parte, Hernán David Osorio se siente a gusto con que los guerrilleros de las Farc, a quienes también considera sus compañeros, estén logrando la libertad a través de la amnistía. Sin embargo, le preocupa que una vez salgan todos los amnistiados, la problemática de los presos políticos que quedan en las cárceles no se resuelva.