“A pesar del fallo de la Corte, el Acuerdo se ha respetado en el Congreso”: Jairo Estrada

“A pesar del fallo de la Corte, el Acuerdo se ha respetado en el Congreso”: Jairo Estrada

En esta entrevista, Jairo Estrada, delegado de Voces de Paz en el Senado, habló sobre la prohibición del paramilitarismo, la creación de las circunscripciones especiales para la paz, la conformación del partido político de las Farc y la ampliación democrática en el marco de la implementación legislativa del Acuerdo de Paz.

Por Esteban Tavera y Juan Camilo Castañeda Arboleda

El Fallo de la Corte Constitucional que prohibió la votación en bloque de los proyectos de ley y reformas a la Constitución que permiten la implementación del Acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc, causó preocupación en distintos sectores cercanos a este proceso, que señalaron la decisión como una trampa más a la paz.
Sin embargo, Jairo Estrada, delegado de Voces de Paz, movimiento creado para representar a las Farc en el Senado, afirmó que los trámites que se han adelantado en el Congreso después de esta decisión no se han retrasado.

Además, según Estrada, en las semanas siguientes al fallo de la Corte, el Congreso avanzó en el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales para la paz, en el que prohíbe el paramilitarismo y en la reforma al régimen de regalías para transferir más recursos para la paz. “La bancada mayoritaria que existe en el Congreso, en medio de sus diferencias, ha actuado en consecuencia y esa es la razón por la cual podemos decir que se ha avanzado”, comentó.

Hacemos Memoria conversó con Estrada, doctor en Ciencias Económicas y destacado académico de la Universidad Nacional, para conocer detalles de los proyectos de ley que han avanzado su trámite en el Congreso y entender cómo ha sido la implementación legislativa del Acuerdo de Paz.

¿Cuál fue el efecto que generó el fallo de la Corte Constitucional que permite que el Congreso de la República modifique algunos puntos de los acuerdos?

La preocupación que hubo en ese momento fue la de creer que en la Corte Constitucional se estaba consolidando una mayoría conservadora –me refiero en el sentido filosófico-político del término– que, a futuro, optase por fallar en contra de los diferentes proyectos de reforma constitucional y legal, y de los decretos presidenciales que se han aprobado.

El 7 de junio se aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que garantiza el monopolio del uso de las armas en cabeza del Estado como una garantía de no repetición ¿Qué dispone esta reforma para evitar la aparición de grupos paramilitares?

Esa reforma constitucional prohíbe la creación de grupos armados ilegales, particularmente, aquellos denominados autodefensas o paramilitares; en concreto, se prohíbe la organización, promoción, estimulo, financiación y apoyo a ese tipo de organizaciones.

Parece absurdo constitucionalizar la prohibición del paramilitarismo, lo cierto es que desde el punto de vista político, jurídico y simbólico representa un avance importante, pues da cuenta de una de las aspiraciones históricas de las víctimas del conflicto.

¿Cómo entender las garantías de no repetición dentro del proceso de implementación del Acuerdo?
Las garantías de no repetición hay que verlas en el sentido general y en el sentido particular. Desde el punto de vista general, las garantías de no repetición, a mi juicio, tienen que ver con la implementación de los Acuerdos, pues estos tratan de enfrentar las causas del conflicto colombiano.

De manera más específica, las garantías de no repetición pretenden combatir las organizaciones de carácter contrainsurgente y paramilitar que han generado toda una estela de violencia en nuestro país.

Es necesario, entonces, poner en marcha una unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación que se ocupe de las investigaciones que conduzcan al desmonte y al combate de este tipo de estructuras. En La Habana, se reiteró esa necesidad porque esta institución ha sido muy débil en la actuación contra estas organizaciones.

Además, se previeron medidas de protección para las comunidades. Habrá que ver si efectivamente se implementan. No puede ser que los territorios que dejaron las Farc, ahora estén copados por estas estructuras paramilitares que, incluso, han asesinado líderes sociales durante los últimos meses en nuestro país.

La participación política legal de las Farc, entonces, sería una de las medidas de no repetición, ¿cómo va el debate en el Congreso sobre ese punto del Acuerdo?

Un aspecto clave de todo el proceso que estamos viviendo, en medio de tantos obstáculos y dificultades, tiene que ver con la apertura del régimen político. Hay varios elementos que ya han sido aprobados, pero otros que apenas inician su trámite. Debe destacarse, por ejemplo, la aprobación del estatuto de la oposición, después de 25 o 26 años de mandato constitucional en los que en el Congreso no lo había aprobado.

Además, se presentó un proyecto de reforma constitucional que busca reformar el régimen electoral, asunto que es bien importante en un país que se ha caracterizado por prácticas clientelistas y criminales de cooptación de diversos intereses económicos y de grandes consorcios internacionales, como lo hemos visto con el caso de Odebrecht, pero también con verdaderas industrias criminales tal y como se demostró en su momento con la muy profusa participación del paramilitarismo en el Congreso.

En ese sentido, ¿la creación de las circunscripciones especiales son un aporte a la apertura del régimen político?

El proyecto de creación de 16 circunscripciones territoriales que comprometen a 167 municipios del territorio es uno de los avances más importantes de La Habana. Estos municipios se escogieron con base en criterios de afectación histórica del conflicto, de niveles de pobreza, de ausencia del Estado.

Esos territorios van a poder tener asiento, si todo sale como está previsto, en el Congreso en los dos siguientes períodos (2018-2022 y 2022-2026). Si es así, veremos caras plebeyas de hombres y mujeres campesinos de verdad; indígenas, afrodescendientes que podrán participar en estas circunscripciones especiales territoriales.

A la contienda de estas no pueden entrar ni los partidos tradicionales ni las Farc, sino organizaciones sociales de base que estén legalmente constituidas, que hayan actuado durante los últimos años y personas que hayan vivido en esos territorios.

El Congreso de la República aprobó un proyecto de acto legislativo mediante el cual se generan condiciones excepcionales para que las Farc transite a la vida política legal, ¿cuáles son esas funciones excepcionales y por qué son necesarias?
Todo proceso de paz en el mundo, aquí no es la excepción, se ha caracterizado, entre otras cosas, porque quienes han estado alzados en armas entran a hacer parte de la vida política legal y eso significa generar unas condiciones de excepcionalidad que se mantendrán hasta el 2026. En primer lugar, esas condiciones se refieren al otorgamiento de facto de su personería jurídica.

En segundo lugar, se deben generar unas condiciones particulares de financiación que, en principio, no distan significativamente de las que tienen los demás partidos políticos. También contempla la financiación de su centro de pensamiento. Para crear las dos cosas, el partido y el centro de pensamiento, según información del Concejo Nacional Electoral, se estima una suma que se aproximará a los 3.600 millones de pesos.

El tercer aspecto se refiere al otorgamiento de curules, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, teniendo en cuenta que el partido político de las Farc debe participar en el proceso electoral.
Entonces, sin importar los votos que obtengan en las elecciones, las Farc tendrán cinco Senadores. Si en las elecciones alcanzan el número de votos necesario para más curules, eso les podría significar más cupos en el Senado, la misma regla aplicará para la Cámara.

¿Cómo se está preparando las Farc para convertirse en partido y en qué momento se formalizará?

Ese proceso tiene una trayectoria particular que se trazó en la Décima Conferencia de las Farc que se realizó en septiembre del 2016 en los Llanos del Yarí. Allí, esa organización, además de aprobar los acuerdos de La Habana, tomó la decisión de convertirse en partido político legal.

Para formalizar la creación del partido, es necesario cumplir unos requisitos: la dejación de armas y el cierre de las Zonas Veredales; es decir, las condiciones para el tránsito de las Farc a la vida política legal estarán dadas el primero de agosto. Si todo el cronograma se cumple, el congreso fundacional de su partido político será el 7 de agosto.

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