“La prolongación del fast track es inevitable”: Francisco Toloza

“La prolongación del fast track es inevitable”: Francisco Toloza

A mediados de junio se cumplirán los 180 días del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, fast track. Hasta la fecha se han aprobado tres reformas constitucionales y tres leyes. Según Francisco Toloza, representante de Voces de Paz, el fast track deberá ampliarse seis meses más debido a que hacen falta los actos legislativos para implementar la Reforma Rural Integral y la Reforma Política, consideradas por él como “los pilares del Acuerdo de Paz”.

Por Camilo Castañeda Arboleda y Natalia Maya Llano

La implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc comprende no solo la dejación de armas de 7.000 guerrilleros que en dos semanas cumplirán los 180 días pactados de concentración previos a su reincorporación a la vida civil, sino también una implementación legislativa de al menos 50 proyectos de ley y reformas constitucionales que están siendo discutidos en el Congreso.

En cuatro meses y medio de fast track o vía rápida –mecanismo especial para tramitar las normas que reforman la Constitución en la mitad del tiempo legislativo, no en ocho sino en tres debates–, han sido aprobadas tres reformas a la Constitución y tres leyes: Implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Estabilidad jurídica del acuerdo de paz, Reincorporación política de las Farc, Amnistía e indulto para guerrilleros de las Farc, Autorización de vocería de las Farc en el Congreso (Voces de Paz) y Estatuto de la oposición de Colombia.

Hacemos Memoria conversó con Francisco Toloza, profesor universitario, dirigente de Marcha Patriótica y actualmente integrante de Voces de Paz –movimiento político que tiene asiento en el Congreso para acompañar la implementación del Acuerdo–, quien desde su vocería en la Cámara de Representantes señala los principales avances y deudas de la implementación legislativa vía fast track y cómo lo aprobado, pese a no ser una revolución, sí constituye medidas progresistas hacia la apertura democrática en el país.

¿Qué rol están cumpliendo los integrantes de Voces de Paz en la implementación del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc?
Nosotros estamos en la tarea de hacer cumplir el Acuerdo de Paz y de garantizar que haya una plena implementación legislativa, en un país que sistemáticamente ha incumplido todos los acuerdos de paz desde las Capitulaciones de Zipaquirá en 1781, con Luis Antonio Galán. Esa es la realidad que debemos enfrentar y reversar. Las leyes no son la única forma de implementación, ni la principal, ni son suficientes, pero son un requisito necesario para el cumplimiento de lo acordado.

¿En qué va esa implementación legislativa?
En estos cuatro meses y medio de fast track hemos logrado expedir tres reformas a la Constitución y tres leyes reglamentarias del Acuerdo de Paz. Se ha logrado tramitar por ejemplo el acto legislativo de reincorporación política de las Farc; el acto legislativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); y el acto legislativo que otorga seguridad jurídica, incorporando un artículo transitorio a la Constitución Nacional que obliga a que el Acuerdo Final sea un parámetro de interpretación y desarrollo jurídico de su mismo ejercicio normativo.

Esto no se hubiera podido aprobar tan rápido sin el proceso legislativo especial de fast track. Nos preocupa que estamos bastante atrasados, pues todavía se deben tramitar, por lo menos, 15 normas más. Por eso es ya prácticamente un consenso con el Gobierno la necesidad de ampliar el fast track seis meses más.

¿Cuáles son las normas que están pendientes y que justifican la ampliación del periodo de fast track?
Faltan muchos aspectos esenciales del Acuerdo de Paz, no es simplemente un proceso de dejación de armas, como algunos medios o como algunos sectores del mismo Gobierno lo quieren ver. Pensar en una dejación de armas de las Farc sin la normatización y sin la implementación de la Reforma Rural Integral y de la Reforma Política, realmente sería burlar lo que se acordó en La Habana.
La prolongación del fast track es inevitable porque apenas hay tres actos legislativos aprobados, hay cuatro más radicados, dos leyes más pendientes de debate y por CESIVI (Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación y a la Implementación) están en discusión ocho normas más.

Solo mencionando una parte de lo radicado, que con muchísima dificultad podría ser aprobado en mayo, pero el Congreso tendría que trabajar con mucho rigor, cosa que lastimosamente no viene sucediendo.

Están además otros proyectos cardinales en los que todavía no hay acuerdo con el Gobierno nacional y que están en construcción; es decir, que no han entrado al Congreso: ley de tierras, estatuto catastral, acto legislativo de reforma política, ley reglamentaria de partidos políticos en la reforma política, ley estatutaria de partidos políticos, ley estatutaria que reglamente la Jurisdicción Especial de Paz, reforma a la Ley de Víctimas 1448, reforma al marco normativo de planeación nacional para posibilitar la creación y el desarrollo del plan marco de paz, tratamiento penal diferencial para los raspachines y para los campesinos cultivadores de coca, y para las madres cabezas de hogar judicializadas por ley 30, lo que hoy llamamos delitos de pobreza; la creación de la unidad especial para el desmantelamiento del paramilitarismo, la ley de participación ciudadana que viene siendo construida con los movimientos sociales y que apenas va a empezar su trámite, y la ley reglamentaria de las circunscripciones especiales de paz. Si en cinco meses solo se han aprobado seis, qué irá a suceder con estas normas, es inevitable la ampliación del fast track.

Ahora, lo que no es prorrogable y que también nos preocupa son las facultades extraordinarias presidenciales, y hay muchos componentes, sobre todo relacionados con la reincorporación política de las Farc, con medidas de seguridad y protección para las comunidades, con el desarrollo del punto 3.4 de garantías de seguridad, que deben ser abordadas este mes para que el presidente, antes de que se extingan sus facultades, pueda expedir los decretos ley reglamentarios que faltan.

¿Se están introduciendo muchos cambios con respecto a lo pactado entre Gobierno y Farc en esta implementación legislativa?
Efectivamente, para mí, la implementación normativa se ha convertido en la práctica en una renegociación, porque también pasa por ese retén legal y político que es el Congreso de la República. Sin embargo, yo considero que se ha venido avanzando en medidas progresistas a la apertura democrática.

Precisamente la ampliación democrática es uno de los pilares del Acuerdo de Paz, ¿cuál es el avance de la Reforma Política y qué tanta apertura permitirá?
Por mencionar un ejemplo, el Estatuto de la Oposición: en 26 años, 11 proyectos hundidos, y solo gracias al Acuerdo de Paz y al fast track se pudo aprobar. Hubiéramos querido un Estatuto de Oposición con mayor contundencia, por ejemplo, en términos de la representatividad de la oposición en órganos del Estado, sin embargo, ofrece unas medidas básicas en términos de identificación de la oposición, protección a los partidos independientes, financiación prioritaria, espacios en los medios de comunicación nacionales, participación en las medidas directivas del Congreso, participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Son una serie de medidas que favorecen la apertura democrática.

Igualmente, empezamos a discutir en el Congreso la reforma al Artículo 108 de la Constitución, el cual reglamenta la personería jurídica de los partidos. Gracias al Acuerdo de Paz se está haciendo una adquisición progresiva de derechos. La idea es modernizar el sistema de partidos, pues está desfigurado: hay partidos sin militantes pero con mucha plata, no se garantiza que los partidos que tengan militancia puedan acceder a algunos espacios de participación.

En este nuevo Artículo 108, es posible no obtener las curules, no superar el umbral, pero si se garantiza una base de afiliados, que quedaría en el 0.2% del censo electoral; es decir, con 70 mil afiliados mantendría su personería jurídica. Es muy distinto esto a los 450 mil, 500 mil votos que pide el umbral.

Me preocupan los tiempos políticos de aprobación del conjunto de normas relacionadas en el punto 2 (Participación en Política), pero creo que efectivamente se viene haciendo un ejercicio muy importante de apertura democrática, por lo menos, en lo que corresponde a lo legislativo.

Con respecto específicamente a la Reforma Electoral que se encuentran discutiendo actualmente, ¿qué podría responderle a quienes como el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, aseguran que es un “golpe a la democracia”?
Lizcano se queja de que se le quite al Consejo de Estado las Facultades sancionatorias que tiene. ¿Qué pasa? que el gobernador de Caldas, cuota de Lizcano, depende de una decisión del Consejo de Estado. Segundo, que el Congreso pierde la potestad de elegir al Consejo Nacional Electoral, pues se crea el Consejo Electoral Colombiano, que va a ser elegido por ternas derivadas de la Rama Judicial, no por cuotas políticas dentro del Congreso. Además, seguramente le incomoda que se le amplíen las curules a la Cámara de Representantes a los departamentos históricamente excluidos como Chocó, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Arauca. Le molesta que la reforma plantee una lista cerrada con democracia interna para los partidos políticos, porque al parecer su práctica en la colectividad dista mucho de la democracia propia y de la vida interna que requieren los partidos en una democracia moderna.

Yo creo que la Reforma Político-Electoral que comenzamos a discutir, apuntala medidas elementales para golpear a las franquicias electorales, a las mafias electorales, a las maquinarias electorales. Eso sí, no considero que sea una Reforma Política revolucionaria, pero sí otorga elementos mínimos que pueden mejorar el proceso de apertura democrática que ha iniciado el Acuerdo de Paz.

¿Cuál es el papel que jugará la ciudadanía en la implementación del Acuerdo de Paz?
Necesitamos que haya una apropiación ciudadana. Esto no es un Acuerdo para beneficiar solo a las Farc, como lo ha afirmado el uribismo, esto trae beneficios para toda la sociedad colombiana, las 10 millones de hectáreas que se van a repartir no son para los guerrilleros. Es que la JEP, y eso lo demuestran los casos de los militares que se han venido acogiendo a ella, no es para ofrecer impunidad a la guerrilla, la JEP es un sistema integral para resarcir las víctimas, el sujeto de la JEP no son las Farc, son las víctimas. El punto de drogas no es para las Farc, es para los dos eslabones más débiles de ese negocio capitalista del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores. La Reforma Electoral es para todos los partidos y para todos los colombianos que hasta hoy hemos estado alejados de la política, porque no creíamos en un sistema corrupto y clientelar. Los acuerdos de La Habana son el programa democratizador y modernizador más grande de la historia de Colombia.

¿Qué tan profundos son los cambios que plantea el Acuerdo de Paz? La oposición uribista los muestra como una revolución, pero las mismas Farc han argumentado que no lo son.
No es una revolución, las Farc debe luchar por los cambios que quiere a través de la vía legal. El Acuerdo plantea una reforma democrática mínima, es más de los que se ha logrado en años de luchas reglamentarias y sociales. Pero la reforma rural, la política, la de la justicia que de verdad quiere las Farc, que será mucho más profunda, deberá buscarlas a través del partido político que conforme y con la ciudadanía, dentro del marco de la legalidad y la democracia. Pero el Acuerdo de Paz es lo mínimo para poder acabar la guerra.

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