El Acuerdo de Reforma Rural Integral fue objeto de debate en Lunes de Ciudad, una propuesta pedagógica que promueve la discusión sobre los puntos esenciales del Acuerdo de Paz. Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Ospina aseguraron que lo pactado en La Habana acabará con la inequidad social del campo colombiano. Alfredo Rangel, por el contrario, dijo que es un acuerdo que solo beneficia a las Farc.

Por Juan Camilo Castañeda Arboleda

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y de Desarrollo Rural del Gobierno de Santos, inició el debate argumentando que el Acuerdo de Reforma Rural Integral es el más importante de los puntos. No en vano, un año y medio tardó esa negociación. “Todos los analistas de las ciencias humanas en Colombia –comentó Restrepo– coinciden en que las raíces del problema agrario se hunden en el conflicto armado colombiano, de manera que tenía toda la lógica darle la importancia que se le dio al acuerdo de tierras”.

Restrepo, quien durante su permanencia en la cartera de Agricultura fue el encargado de presentar al Congreso de la República el proyecto de la Ley 1448 de Restitución de Tierras, dijo que el posconflicto se debe entender como “las políticas públicas que tendrán que aplicarse en los próximos 10 o 15 años, al cabo de los cuales se supone tendremos unas estructuras agrarias y una vida rural más pacífica, donde las condiciones de vida de los campesinos superen la brecha que existe con los territorios urbanos, condición necesaria para que la paz sea verdadera en el país”.

Juan Manuel Ospina, exsenador por el Partido Conservador, explicó que la importancia del acuerdo radica en que propone la modernización rural del país, pues contempla aspectos determinantes como la inclusión, la sostenibilidad ambiental y el enfoque territorial. Aseguró que la materialización del acuerdo le permitirá al sector rural ser más competitivo y eficiente económicamente. “Esto no se puede reducir a una mera política social, pues para que esta perdure debe sostenerse en una realidad económica sólida”, explicó el exsenador.
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Ospina, quien entre 2010 y 2012 dirigió el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), resaltó el enfoque territorial que propone el acuerdo de tierras: “Este enfoque permitirá trabajar con las comunidades a partir de problemas concretos y buscará la concertación de autoridades, productores y organizaciones comunitarias que trabajarán en la misma dirección. Adiós, afortunadamente, a la idea de que desde Bogotá llegarán las políticas públicas de desarrollo rural”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel dejó claro que su partido no está en desacuerdo con algunos aspectos que propone el acuerdo de tierras como la construcción de escuelas y viviendas, y la distribución de tierras; según Rangel, eso lo han hecho todos los gobiernos. Sin embargo, aseguró que el acuerdo empodera a las Farc como ejecutor de las políticas de desarrollo rural y dijo que este grupo guerrillero no tiene ninguna legitimidad para implementar estos proyectos: “Las Farc nunca nacieron como un movimiento que revindicaba la tierra en Colombia, más bien se han convertido en expropiadores de tierras de los campesinos: cerca de un millón de hectáreas, según la Presidencia de la República, han sido quitadas violentamente por esta guerrilla. Y no hay ninguna exigencia en el acuerdo para que esas tierras sean devueltas”.

El senador del Centro Democrático habló de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Según él, aunque dicha figura ya estaba creada en la legislación colombiana, era el Estado el que decidía en qué momento se debían crear, pero el acuerdo obliga a establecer las nuevas zonas con las Farc. “Esas Zonas de Reserva Campesina son zonas de retaguardia de las guerrillas. Ese es el empoderamiento de las Farc”, dijo Rangel.

Juan Camilo Restrepo aprovechó el comentario de Rangel para desmentir que el acuerdo beneficia exclusivamente a las Farc. Restrepo recordó que esta figura se puso en marcha durante los gobiernos de Uribe y Pastrana. Contó que durante el proceso de negociación las Farc propusieron la creación de 54 Zonas de Reserva Campesina que ocuparían 9 millones de hectáreas, hecho que calificó como ridículo pues la agricultura colombiana ocupa 7 millones de hectáreas. “Lo más grave era que pretendían que las ZRC fueran territorios dotados de autonomía presupuestal, política y administrativa. Ninguna de esas pretensiones las aceptó el gobierno”, concluyó Restrepo.

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Otra de las críticas de Rangel estuvo centrada en el “Acuerdo de solución a las drogas ilícitas”, que tiene una estrecha relación con la Reforma Rural. Aunque el senador reconoció que las Farc tienen objetivos políticos, aseguró que esta guerrilla es el cartel de droga más grande de Colombia; según él, no es legítimo negociar con este actor armado la lucha antidrogas. “El efecto perverso del acuerdo sobre narcotráfico es que ya se está aplicando. Además, dice que no se utilizarán más fumigaciones con glifosato”, dijo Rangel.

El senador del Centro Democrático expuso cifras de la ONU que demuestran que los cultivos ilícitos han aumentado desde que iniciaron las negociaciones. “De 47 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el 2012, cuando empezaron los diálogos en La Habana, se pasó a 96 mil hectáreas”.

Juan Camilo Restrepo, por su parte, enunció estudios de la Organización Mundial de Salud que indican los perjuicios del glifosato en la salud humana. Recordó que el Concejo de Estado prohibió en el 2014 las fumigaciones con este químico; además, aseguró que mientras fue ministro de agricultura observó de cerca el malestar de las comunidades campesinas por las fumigaciones con glifosato que acaban con los cultivos de pan coger, afectan la salud de los niños y degradan el medio ambiente. “El punto de cultivos ilícitos, más allá del tema del glifosato, es una apuesta que busca convencer a las comunidades campesinas de que sustituyan los cultivos ilícitos; además, les ofrece programas productivos alternativos”, concluyó Restrepo.

Por su parte, Juan Manuel Ospina dijo que el Estado no puede seguir combatiendo a los campesinos que cultivan coca, pues estos son el eslabón más débil de la cadena del negocio de las drogas. “En cambio, habrá que combatir, como lo dice el acuerdo, a los grandes productores y transportadores, y a quienes lavan el dinero”, concluyó.

Finalmente, Ospina explicó que la implementación de la Reforma Rural Integral demorará diez años, en los que se espera que se construya un desarrollo agrario que “permita a la economía campesina y a los proyectos agroindustriales convivir, compartir y complementarse”. Para ello, explicó Ospina, será necesario tener planes de desarrollo que cubran ese periodo de tiempo y un buen manejo de los presupuestos. Además, para evitar que los intereses políticos y privados se apoderen de la ejecución de la reforma, se requerirá que la ciudadanía se comprometa con los cambios porque lo que está en juego es su futuro. “Si eso no ocurre –dijo Ospina–, le vamos a quedar mal a nuestros hijos y a la historia”.