Dentro de los compromisos acordados en La Habana, el Gobierno y las Farc anunciaron, en el comunicado conjunto # 62, publicado en octubre de 2015, que se pondrán en marcha medidas humanitarias de búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas. A este esfuerzo se suma el Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos que se adelanta en Medellín. ¿Cómo avanza esta iniciativa?

Por Juan Camilo Castañeda

Entre julio y agosto de este año, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín adelantaron la búsqueda de los restos de nueve personas que habían sido reportadas como desaparecidas y que, de acuerdo con información que tenía la Fiscalía, estaban enterradas en el Cementerio Universal. Según Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía, encontraron 6 de los cuerpos; además, hallaron los cadáveres de 14 personas registradas como desaparecidas en otros municipios de Antioquia.

En un evento que convocaron organizaciones de víctimas de desaparición forzada el 30 de agosto, Gustavo Duque, coordinador de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía en Antioquia, afirmó que “las exhumaciones en el Universal están ligadas a lo hicimos el año pasado en La Escombrera de la Comuna 13. Estamos seguros de que muchos de los desaparecidos de esa zona están en este cementerio”.

Aunque las esperanzas de los familiares de personas desaparecidas se centran ahora en el Comunicado Conjunto # 62 que dieron a conocer el Gobierno y las Farc en octubre de 2015, las organizaciones de víctimas le siguen exigiendo a las instituciones del Estado que continúen con las labores judiciales que permitan hallar a los desaparecidos. Marta Soto, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), dice que no conoce detalles de los procedimientos adelantados en el Cementerio Universal. Ella afirma que han sido los familiares de los desaparecidos quienes han identificado este cementerio y el del municipio de Bello como los lugares donde probablemente estén los restos de sus seres queridos. Según Carlos Arcila, en el Universal hay 430 cadáveres que están identificados, pero no han sido reclamados por sus familiares.

Desaparecidos Comuna 13 de Medellín. Foto Sandra Sebastián, 2014.

Soto advierte que la búsqueda en los campos santos será una tarea compleja, pues como lo afirma: “este país es uno de los más atrasados en los protocolos para sepultar NN. Si llega un NN lo más lógico sería que se le hiciera una tarjetica en la diga sus características: que no tenía documentos, pero que tenía una camiseta de determinado color. Pero eso ha sido un desorden total. A los NN los tiraban en cualquier lado y a nadie le importaba. Eso sucedió hasta hace muy poco. Uno espera que eso no vuelva a pasar”.

El fiscal Duque advirtió que durante las exhumaciones en el universal encontraron varias irregularidades que están documentando con la Alcaldía: “Para nadie es un secreto que en el Cementerio Universal, al igual que en todos los cementerios del país, no le dan un manejo adecuado a los restos NN. Nosotros teníamos ubicados varios cuerpos con una identificación preliminar, pero cuando volvimos a buscarlos nos encontramos con un perro. En otras ocasiones, íbamos por un cuerpo a una fosa y nos encontrábamos con los restos de una persona que estaba totalmente identificada”, asegura Duque.

Aunque los actores armados del conflicto y las organizaciones criminales han desaparecido a miles de personas desde hace varias décadas, solo hasta el año 2010 se estipuló en la Ley 1408, con la que se rinde homenaje a las víctimas de desaparición forzada, los procedimientos que debían seguir los cementerios al momento de enterrar un cuerpo no identificado.

José López, administrador del Cementerio Universal desde 2013, asegura que esta Ley obliga a enterrar a las personas no identificadas en bóvedas y con una identificación rigurosa: “En tiempos anteriores a la Ley eso no se hacía porque estaba sujeto a la disponibilidad de las bóvedas: si solo había fosa en tierra, pues era necesario enterrarlos ahí. Ahora les damos prioridad a los NN en las bóvedas y tenemos todo un protocolo de marcación de los cuerpos y las tumbas que se registran en un sistema de información”, asegura López.

Las exhumaciones en el Universal se pensaron como una acción piloto del “Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle De Aburrá”, que vienen construyendo desde principios de 2016 la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, Medicina Legal y otras instituciones gubernamentales de orden nacional.

Carlos Arcila explica que uno de los objetivos centrales del Plan es “coordinar y articular las acciones institucionales tanto municipal, departamental y nacional en la búsqueda de personas desaparecidas”.

Según Arcila, la elaboración de este Plan obedece a la búsqueda que se realizó entre agosto y diciembre de 2015 en La Escombrera, situada en la Comuna 13, y que concluyó sin un solo hallazgo de restos humanos. “Las víctimas piden que no se intervenga solamente La Escombrera; es necesario buscar en otros sitios de la ciudad”, manifiesta Arcila.

En el documento borrador que contiene el Plan Integral aparecen los logos del Instituto Nacional de Medicina Legal; sin embargo, Kevin Mejía, director regional de esta institución, reconoce que no sabe cuál es el objeto de la intervención que se realizó en el Cementerio Universal. Aclara que su institución no ha dejado de hacer su trabajo. “Si ellos encuentran cuerpos y quieren que nosotros los identifiquemos, pues eso no tiene problemas”, explica Mejía.

Marta Soto reconoce que tiene buenas relaciones con la subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, pero critica la forma en que se ha desarrollado la elaboración del Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos.

“Aunque es necesario contar un Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos, este no debe ser construido solo por la administración municipal, deben participar las víctimas que, finalmente, son las que tienen experiencia en la búsqueda de sus seres queridos”, comenta Soto. Pone de ejemplo el plan que construyeron Mujeres Caminando por la Verdad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Obra Social Beata Madre Laura y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) para la búsqueda de los desaparecidos de la Comuna 13.

Carlos Arcila, por su parte, destaca que una de las características del Plan presentado por las instituciones estatales es que se ha desarrollado de manera participativa e incluye las propuestas de las organizaciones de víctimas de desaparición: “Las víctimas nos han hecho sugerencias, hemos debatido. Incluso, todavía estamos en esa construcción colectiva”, aclara Arcila.

A pesar de que el Plan sigue en borrador, las instituciones estatales involucradas continúan con las acciones que tienen como objetivo hallar e identificar a los desaparecidos; por ejemplo, está previsto adelantar diligencias en los corregimientos de San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena, pues se presume que en estos lugares se podrían encontrar restos de personas dadas por desaparecidas.

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Todavía no hay fecha para retomar la búsqueda en la Escombrera
Otro tema en el que las visiones de las organizaciones de víctimas y la administración municipal distan, es la segunda etapa de la búsqueda en La Escombrera. Desde principios de este año, las víctimas han manifestado su inconformidad porque sienten que no hay voluntad por parte de la administración para continuar con las labores en esta zona. Gustavo Duque aseguró que la Fiscalía espera a que la Alcaldía dé recursos y luz verde para entrar al segundo polígono de La Escombrera.

“Para entrar al polígono 2 es necesario tener más fuentes. Las mismas víctimas dicen que hasta el momento las declaraciones de Móvil 8 son las únicas que se han tenido en cuenta. Nosotros queremos incluir más fuentes de información: personas que estuvieron en esa época en el territorio y familiares de las personas desaparecidas. De esta forma, tendremos mayor certeza”, explica Duque.

Mientras tanto, las víctimas pierden las esperanzas de encontrar a sus seres queridos. Pese a ello, hechos como el proceso de paz que se realizó en La Habana, especialmente el Comunicado # 62, las impulsa a seguir con la búsqueda. De igual forma, no dejan de exigir a las instituciones del Estado que continúen con sus obligaciones legales, que lo hagan de manera articulada y que valoren la experiencia que ellas han acumulado después de años de buscar a sus familiares en cementerios, ríos y fosas comunes.