Desplazamiento forzado: una estrategia de los guerreros

Desplazamiento forzado: una estrategia de los guerreros

Hacemos Memoria conversó con John Mario Muñoz sobre su libro “Con la casa al hombro: víctimas, políticas y luchas ciudadanas” que presentará el 21 de julio en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, en una conversación con el también investigador social Max Yuri Gil.

Por Juan Camilo Castañeda Arboleda

John Mario Muñoz, trabajador social e investigador de la Universidad de Antioquia, nació en Ituango, Antioquia, uno de los municipios en donde las Farc tendrán, de concretarse el acuerdo de La Habana, una de las 23 zonas de concentración para llevar a cabo la entrega de armas.

Ituango, en el Norte del departamento, es uno de los pueblos más golpeados por la violencia que generan los actores armados del conflicto. Allí históricamente ha hecho presencia el Frente 18 de las Farc; y en 1997, durante la época de incursión paramilitar, el Bloque Mineros de las Autodefensas, con complicidad de la Fuerza Pública, perpetuó la masacre de 15 personas en el corregimiento de El Aro.

Esta situación de violencia generalizada, que además mermó las oportunidades económicas de la región, hizo que muchos habitantes dejaran atrás sus tierras y pertenencias para habitar otros municipios y ciudades en busca de un mejor futuro. El papá de John Mario Muñoz tomó la decisión de trasladarse a Medellín con su descendencia, de manera que los más jóvenes pudieran estudiar y mantenerse alejados de la guerra. En Ituango, entre tanto, permaneció gran parte de la familia, quienes años después sufrirían a causa de la violencia. Según él lo relata, “Ellos sí fueron desplazados por la violencia, y los esposos de mis tías fueron asesinados”. Entre 1985 y 2016, 38.346 personas han sido expulsadas de Ituango, según datos recopilados por el Registro Único de Víctimas. La suma de esos hechos y las circunstancias padecidas por sus familiares y conocidos fueron, años después, un factor determinante para que ya como trabajador social, se dedicara a estudiar el desplazamiento forzado en Colombia.

Muñoz es magíster en Ciencias Políticas y doctorado en Administración y Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid. Con la casa al hombro: Víctimas, políticas y luchas ciudadanas es su tercer libro, en el que aborda la temática del desplazamiento forzado en Colombia. En la investigación que lo originó se propuso analizar el fenómeno, relacionándolo con las expresiones de resistencia ciudadana que emprenden las víctimas de desplazamiento.

Hacemos Memoria conversó con el autor John Mario Muñoz sobre el contenido de este libro, que se presentará el jueves 21 de julio en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, en una conversación con el también investigador social Max Yuri Gil.

¿Cuál fue la motivación para realizar la investigación?

Cuando uno está inmerso en las ciencias sociales, establece nichos investigativos, como unos temas que considera que son importantes. Pero este en particular fue más uno de esos temas que lo tocan a uno como ser humano, como ciudadano y como académico.

Un hecho particular que me generó entre rabia y desazón fue cuando los desplazados de la zona de Hidroituango se tomaron la Universidad de Antioquia, y ayudé en cierta medida a que la gente se sensibilizara más sobre el tema, porque había como una especie de tensión muy fuerte con la gente que veía a los desplazados como delincuentes. Cuando los desplazados entraron al campus vi que muchos de los investigadores huyeron de la universidad porque supuestamente los desplazados venían con machetes. Pensaba: un desplazado es un campesino, un campesino tiene machete. ¿Dónde está la realidad y dónde está la ficción? ¿Qué estamos escribiendo e investigando cuando el objeto de investigación llega a nuestra realidad y huimos de él?

¿Cómo entiende usted el desplazamiento forzado en la lógica de la guerra? ¿No es un efecto sino una estrategia en la guerra?

Yo le digo a la gente que haga un mapa mental y se pregunte: ¿Dónde se generó el mayor desplazamiento en el país? El mapa casa perfectamente con los sitios estratégicamente bien ubicados para la economía, para la minería, para las hidroeléctricas. Le pongo el mapa de Antioquia como ejemplo. Urabá: el puerto de Antioquia, el canal interoceánico, la salida de droga, la salida de migrantes, los cultivos extensivos, la minería, la ganadería… Ahí se da un flujo importante de capital; también el Oriente antioqueño, con San Carlos, con San Luis, donde hay cultivos, hidroeléctricas, minería, etcétera; y Bajo Cauca, donde hay mucha minería y mucha ganadería. Son territorios donde hubo, además de altos flujos económicos, un control histórico de la guerrilla, entonces buena parte de lo que hicieron los paramilitares es que trabajaron para el Estado y para un gobierno en especial, el de Álvaro Uribe, y favorecieron allí un ambiente de seguridad que le dio base electoral en esa zonas por medio de la presión. Allí los grupos armados acabaron con el tejido social, con la familia, con las dinámicas socioculturales.

¿En qué momento el desplazado se asume como sujeto de derechos y exige al Estado que le garantice sus derechos?

En el momento en el que se visibiliza. En la cultura política colombiana no estamos acostumbrados a reclamar nuestros derechos; y lo que han hecho las comunidades vulnerables es reclamarlos con hambre, con sed, con sol, en la calle, tomándose espacios, poniendo muertos, porque ellos han sido asesinados en la lucha por los derechos, en capacitarse, en buscar apoyo de organizaciones sociales, en denunciar en el plano internacional. Y eso les ha dado discurso. Muchos de ellos, por ejemplo, no saben ni leer ni escribir, pero saben más que cualquier abogado sobre ciertas leyes. Lo que debería hacer el Estado y las instituciones educativas es formar a los ciudadanos políticamente, pero aquí se formaron fue al calor de la disputa por reivindicar sus derechos, tuvieron que sufrir, tuvieron que perder a alguien para reclamar sus derechos.

En el libro Con la casa al hombro: Víctimas, políticas y luchas ciudadanas, usted es claro en afirmar que con las políticas públicas no es suficiente para atender a las comunidades desplazadas. ¿Qué otros aspectos deben cambiar para que esos derechos sean restituidos?

La política pública no es suficiente porque hay que desactivar los dispositivos que generan el desplazamiento forzado. Uno es el conflicto armado, pero no solo se trata de este, no solo es la negociación con las Farc. Yo apoyo el proceso, pero lo han magnificado y esto puede desviar la mirada de los otros actores del desplazamiento. El producido por las Farc no llega al 30%, es más por la Fuerza Pública, por políticas como el Plan Colombia, la Operación Cóndor, la Operación Orión, entre otras. Se acaba la guerra con las Farc, pero sigue presente la misma tensión por la tierra.

Viene con mucha fuerza el conflicto minero-energético. Se considera, entonces, que el desplazamiento forzado lo hacen los actores armados y por ello hay que negociar con ellos, pero también lo hay institucional, por la economía del desarrollo, por el bien general. Un caso, por ejemplo: las empresas canadienses pueden ser las que más tienen permisos de explotación. ¿Por qué no se habla del desplazamiento forzado generado por estas empresas? ¿Por qué no se habla de lo que pasa en El Bagre, en Segovia, en Buriticá? Que son casos de desplazamiento por la actividad minera, legal e ilegal.

¿Qué reflexión le genera esta investigación cuando ya está terminada y publicada en un libro?

Lo que se podría decir es que ojalá los temas relacionados con la violencia no lleguen al punto en que está el del desplazamiento, que perdió cierto encanto académico y social, pero que sigue ocurriendo. Que ojalá este tema no se quede olvidado, que el proceso de paz sea una oportunidad para revivirlo en la sociedad y se trabaje realmente en el cumplimiento de las políticas públicas que pueden restablecerles los derechos a las víctimas. Ojalá que los terratenientes no se queden siempre con las tierras, que las políticas locales no continúen acentuando la presión electoral en los territorios y que las empresas mineras no sigan con la misma forma de explotación. Ojalá no todo siga igual, porque las consecuencias de todo esto las seguirá sufriendo esa población vulnerada que ha sido desplazada de sus territorios.

Hacemos Memoria
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