Fotografía: Instituto de Estudios Políticos.

Resumimos los principales debates alrededor de la justicia transicional que tuvieron lugar en el seminario Perspectivas, condiciones y alcances de la justicia transicional

Las discusiones sobre justicia transicional que se plantean en los medios de comunicación, en los debates políticos y en casi todos los espacios de expresión tienen como punto de partida o de llegada esta pregunta: ¿cómo conciliar las exigencias de las víctimas orientadas por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y las posturas de los guerreros en relación con su libertad y la posibilidad de hacer política?

Con el ánimo de reflexionar y compartir ideas que ayuden a comprender cómo funciona la justicia transicional, el Instituto de Estudios Regionales y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia organizaron el seminario Perspectivas, condiciones y alcances de la justicia transicional, del que hicieron parte los profesores Julio González Zapata, William Fredy Pérez, Deon Geldenhuys y Diego Luis Arias Torres.

El profesor Deon Geldenhuys, de la Universidad de Johannesburgo, habló de algunos temas relacionados con la justicia transicional. Su campo de estudio es la persecución generalizada y sistemática a grupos de personas por condiciones políticas, étnicas, de idioma y de religión. Su intervención en el seminario ahondó en las características que tiene un régimen de persecución.

Algo parecido hizo Diego Luis Arias, quien hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la Dirección de Acuerdos de la Verdad de la seccional de Cali. En este encuentro habló de su militancia en las guerrillas del M-19 y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador.

En sus intervenciones, Arias reflexionó sobre lo importante que es para los guerreros contar con herramientas históricas como las comisiones de la verdad; un ejemplo, es la comisión de intelectuales que presentó un informe sobre los orígenes del conflicto en la mesa de negociaciones de La Habana. Este tipo de iniciativas son importantes, según su opinión, porque los armados reclaman que los ideales que consideran legítimos sean comprendidos y tomados en cuenta por la sociedad en la etapa de transición.

Las reflexiones de los profesores William Fredy Pérez, del Instituto de Estudios Políticos y Julio González, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se enfocaron en esclarecer algunas de las confusiones que se generan al hablar de justicia transicional en el contexto colombiano.

William Fredy Pérez habló de las restricciones que se le han impuesto a los estados y a los guerreros a la hora de usar el castigo como objeto de transacción, y de las limitaciones que tiene la pena de prisión para resolver un conflicto como el colombiano.

“Las mesas de negociaciones -dice Pérez- en las que en otros tiempos se han firmado acuerdos entre iguales, han sufrido importantes transformaciones en los últimos tiempos. Los compromisos internacionales del Estado colombiano no solo han limitado la capacidad de los gobiernos para decidir por qué, cuándo y cómo castigar infractores, pues los Derechos Humanos limitan la reacción punitiva. Estos compromisos también han reducido la capacidad del Estado para definir por qué, cuándo y cómo transar un castigo con sus enemigos. Más allá del valor moral o político que quiere reconocerse a esta última restricción, ella da cuenta del rasgo más característico de cualquier sistema penal moderno: la expropiación del conflicto”.

Para el profesor Julio González, uno de los asuntos más preocupantes en el escenario de transición al que se enfrentará país, es la creciente normalización de la justicia transicional: “Desde hace algún tiempo, y sin que tenga ninguna relación con los acuerdos de La Habana, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han endurecido la justicia ordinaria, lo que ha generado una disminución de las garantías propias del derecho penal hasta límites intolerables”.

Finalmente, varios de los ponentes concluyeron que una de las preguntas que deben hacerse los colombianos en este momento de discusiones sobre la pena, el castigo y la impunidad, es si el país le va a dejar a la prisión la responsabilidad de resolver muchos de los problemas sociales que alentaron el conflicto armado.